SANTO DOMINGO.- La
viuda del desaparecido profesor Narciso González (Narcisazo),
Altagracia Ramírez, afirmó hoy que 10 civiles y militares, algunos de
ellos activos, son los responsables del secuestro y desaparición del
catedrático ocurrida el 26 de mayo de 1994.
"Son personas conocidas y se creen que están sobre el bien y el mal", dijo la tras acudir a un citatorio hecho por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, con el propósito de profundizar las investigaciones sobre el hecho.
Altagracia Ramírez informó que ya están en manos de la fiscal los nombres sospechosos, quienes "no salen a la luz pública porque saben en qué han estado involucrados".
La vida de Narciso González, que dijo estar esperanzada en las investigaciones que realizan las autoridades, espera que se proporcionen los nombres de los supuestos responsables y sean sancionados.
Narcisazo desapareció el 26 de mayo de 1994 a raíz de que publicara un artículo en la revista La Muralla con fuertes críticas y cuestionamientos al extinto presidente Joaquín Balaguer.
Por la no solución del caso, el Estado dominicano fue procesado y condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que dispuso abrir una investigación y perseguir a los responsables.
La CIDH sostiene que hasta que no aparezca el cadáver o se sepa el destino de esa persona, ese delito continúa abierto para la Corte.
"Son personas conocidas y se creen que están sobre el bien y el mal", dijo la tras acudir a un citatorio hecho por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, con el propósito de profundizar las investigaciones sobre el hecho.
Altagracia Ramírez informó que ya están en manos de la fiscal los nombres sospechosos, quienes "no salen a la luz pública porque saben en qué han estado involucrados".
La vida de Narciso González, que dijo estar esperanzada en las investigaciones que realizan las autoridades, espera que se proporcionen los nombres de los supuestos responsables y sean sancionados.
Narcisazo desapareció el 26 de mayo de 1994 a raíz de que publicara un artículo en la revista La Muralla con fuertes críticas y cuestionamientos al extinto presidente Joaquín Balaguer.
Por la no solución del caso, el Estado dominicano fue procesado y condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que dispuso abrir una investigación y perseguir a los responsables.
La CIDH sostiene que hasta que no aparezca el cadáver o se sepa el destino de esa persona, ese delito continúa abierto para la Corte.
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