Dicha ley establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.
El decreto se emite tras valorar todas las propuestas realizadas por la sociedad dominicana durante el proceso de consulta e incluir aquellas que se consideró contribuyen a mejorarlo.
El espíritu que ha animado en todo momento la redacción de este decreto ha sido la implementación de las soluciones que se obtuvieron como fruto del consenso social dominicano y que se plasmó en la Ley 169-14.
Con su puesta en marcha el gobierno cumple con el compromiso de seguir avanzando en el correcto ordenamiento y documentación de todas las personas que se encuentran en el territorio de la República Dominicana, así como en la debida protección de los derechos de las personas.
El objetivo del reglamento es garantizar la aplicación estricta, objetiva y eficaz de la ley, para que beneficie a quienes corresponde legítimamente, al tiempo que establece los controles necesarios para evitar cualquier abuso de la misma.
En sus 21 artículos quedan definidas las acciones y responsabilidades que el Gobierno y las diferentes instituciones deben poner en marcha, de manera inmediata, para la correcta implementación de la ley.
Se especifican así aspectos clave para la operatividad, como la distribución de las responsabilidades, las oficinas y personal que deberán ponerse a disposición de los interesados y la documentación específica que será exigida en cada caso.
Reflejando la naturaleza equilibrada de la Ley 169-14, este reglamento contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad dominicana y al establecimiento de procedimientos rigurosos y ordenados para la regularización documental de la población.
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