Santo Domingo. El pueblo y gobierno dominicano, una vez más, consideran “inaceptable e imposible” la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de desconocer la Sentencia 168-13, la Ley 169-14 y la Constitución de la República del año 2010.
La Sentencia 168-13 fue evacuada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana; la Ley 169-14 fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional y la Constitución del año 2010 es el fruto del más amplio consenso político de nuestro país. Todas de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno dominicano.
De modo pues, que resulta “inaceptable” para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana violar las disposiciones del Estado Dominicano.
Pedirlo, como exige el CIDH, es un imposible de cumplir.
A través de su cuenta Twitter, @rodrigmarchena , el portavoz del gobierno y también director general de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena dijo:
“Señores CIDH, una vez más el pueblo y gobierno de República Dominicana les dice: Inaceptable su exigencia. Nadie está obligado a lo imposible”.
Se recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este viernes a la República Dominicana que acate y convierta en un "elemento clave" de su legislación la sentencia de la CorteIDH, que condenó al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.
"No es meterse en asuntos internos. Son obligaciones internacionales que la República Dominicana adquirió voluntariamente", señaló el comisionado Felipe González, en referencia a la adhesión de la República Dominicana a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El comisionado pidió al país que convierta esta sentencia en un "elemento clave" de su legislación, pues "si cada Estado interpreta los tratados internacionales como se le antoja, no tendría ningún sentido que hubiera tribunales internacionales encargados de su interpretación".
La desnacionalización desde 2013 -como fruto de una resolución constitucional- de algunas personas anteriormente consideradas como dominicanas, mayoritariamente de padres haitianos, supone "un problema de gran magnitud", advirtió González, en declaraciones a los periodistas tras la audiencia.
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