Santo Domingo.
La Procuraduría General de la República allanó ayer la oficina de la
empresa Odebrecht con el fin de encontrar documentos que sirvan en el
proceso investigativo que lleva por el pago de US$92 millones como
soborno a funcionarios públicos.
El procurador adjunto Wagner
Cubilete, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA), dirigió el operativo en compañía de
decenas de agentes policiales en presencia de Robert Valdez, abogado de
la compañía brasileña.
De las oficinas de Odebrecht ubicadas en
la torre Diandy XIX, de la avenida Pedro Henríquez Ureña, Distrito
Nacional, los investigadores cargaron con 25 cajas de documentos y
varios servidores.
El allanamiento que inició alrededor de las 4:00 de la tarde concluyó pasadas las 10:20 p.m. con el legado de documentos.
Antes
del allanamiento, Rondón y el abogado Valdez comparecieron nueva vez a
la Procuraduría para responder otras interrogantes al procurador Jean
Alain Rodríguez y la directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier. El
empresario negó nuevamente que el dinero que recibió lo haya usado
“para comprar conciencia” de funcionarios, a fin de facilitar la firma
de contratos, y que acudió para hacer algunas aclaraciones sobre los
documentos que depositó el pasado lunes tras ser interrogado durante más
de 13 horas.
“Me desligo totalmente del pago de cualquier
soborno que habría hecho Odebrecht en República Dominicana, y lo dije en
un documento. Jamás los recursos que he recibido han sido para comprar
conciencia ni nada por el estilo”, enfatizó.
Aunque fue requerida
la presencia de Marcelo Hofke, gerente general del “gigante de la
construcción”, este no acudió, y en su lugar fue Robert Valdez, quien no
ofreció detalles del encuentro con los investigadores.
Ayer
fueron interrogados los exdirectores del Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados (INAPA), Mariano Germán Mejía y Alberto
Holguín Cruz, los cuales tuvieron bajo su responsabilidad la firma de
adenda para la construcción de los acueductos múltiples de Samaná y
Hermanas Mirabal, a un costo de US$164 millones.
Germán Mejía
explicó que ese proyecto se construyó en tres etapas, aunque
originalmente se haría en una, durante cuatro administraciones
diferentes.
Aseguró que en ningún momento vio al empresario
Rondón y que en el interrogatorio no le preguntaron nada de soborno y,
si hubo distribución de dinero, eso tendrá que determinarlo la
Procuraduría.
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