SANTO DOMINGO. La central termoeléctrica de Punta Catalina es, por definición del propio presidente de la República, Danilo Medina, “el proyecto más importante que se ha puesto en marcha en nuestro país para dar respuesta, de una vez por todas, al problema del suministro energético en la República Dominicana”.
Así se expresó Medina mientras hablaba a la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, en un discurso en el que prometió solemnemente que no iba a escatimar esfuerzos para que se conozca la verdad sobre la licitación de la planta, y que decidiría sobre la obra de acuerdo con los intereses del pueblo. Pero, advirtió que si se comprobaba que todo se hizo de acuerdo de los estándares internacionales, “Punta Catalina se finalizará”.
Sin embargo, la propia Procuraduría, en el expediente que presentó ante un juez de la Suprema Corte de Justicia, para pedir la medida de coerción que se impuso a los 13 de los 14 imputados de recibir sobornos de Odebrecht, incluyó el proyecto de las plantas como cuerpo de delito.
El procurador General, Jean Alain Rodríguez, explicó, mediante nota de prensa, que un senador y un exdiputado recibieron sobornos de Odebrecht para gestionar la aprobación del financiamiento de las plantas que se construyen en Punta Catalina, Baní.
Más allá de que el señalamiento del Procurador reta al Presidente a cumplir su promesa, la disposición de recursos para terminarla hacen que el proyecto se tambalee y pone en duda su terminación para finales del próximo año, como ha anunciado la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), su promotora.
La semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, admitió que los bancos europeos que financian la construcción de Punta Catalina paralizaron los desembolsos de recursos y que eso, obviamente, impacta en la obra.
En total, las plantas a carbón, cuya construcción se inició en 2014, conllevan una inversión de US$1,945 millones, de los que el Estado contrató financiamiento por US$1,288 millones.
De ese total, los bancos europeos aportarían al Estado dominicano US$632.5 millones, de los que faltan por desembolsar US$271 millones.
Sobre la retención de los desembolsos, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) lo atribuye a la protección que estaría dando la administración de Medina a la constructora Odebrecht.
Enrique De León, vocero del Comité, asegura que la decisión de los bancos europeos responde a una solicitud de ellos, junto a las organizaciones BankTrack, Urgewald, Amigos de la Tierra y Re:COMMON, motivada en que el proyecto es –a su juicio- producto de actos corruptos, “y porque su naturaleza de carbón no cumple con los requisitos internacionales exigidos para plantas de ese tipo”.
Contó que entre el 16 y 26 de mayo se reunieron en Europa con los ejecutivos de tres de los bancos que financian Punta Catalina, el Deutsche Bank, de Alemania, el Société Genérale, de Francia y el ING, de Ámsterdam, así como con la firma aseguradora SACE.
“Ellos nos confesaron que desde diciembre, cuando se conoció que Odebrecht admitió los sobornos, ellos contrataron una firma de abogados para tener las pruebas y rescindir el contrato de financiamiento, porque el Estado dominicano pudiera demandarlos”, narra De León.
Los ejecutivos le expresaron, asimismo, que los desembolsos al Estado estarán paralizados hasta que concluya la investigación.
Además de las tres referidas entidades bancarias, en el financiamiento participan también el Unicredit, de Italia, y el Banco Santander, de España.
“El problema que nos plantea SACE, es que no se explican cómo, habiendo Odebrecht admitido su delito, el gobierno no le aplicó la ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas, y le rescindió el contrato. Entonces, lo que está haciendo el Gobierno es poner en riesgo el financiamiento de Punta Catalina por complicidad con Odebrecht, por no procesarlos”, asume De León.
Entiende que con su actitud, el Gobierno y el presidente Medina en particular, proyectan la imagen de que se está protegiendo a Odebrecht, y que eso hace pensar que esa protección es a cambio de silencio, “tal vez, para que esa empresa no los señale como cómplice”, dice.
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