SANTO DOMINGO. Mientras Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”, estuvo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, el Procurador General de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís solicitó en varias ocasiones que el interno fuera trasladado a centros de salud para evaluaciones médicas por deterioro de su salud.
De acuerdo con la relación de documentos de pruebas aportados al Tribunal de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, en varias ocasiones, Felipe Restituyo Santos emitió oficios solicitando el traslado del privado de libertad en atención a las peticiones de traslado/movilización hecha por la parte interesada.
El 22 de diciembre del 2016, el coordinador nacional del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Ysmael Paniagua, autorizó la salida del interno Pedro Alejandro Castillo, ficha 38966, a la Clínica Unión Médica de Santiago, donde sería evaluado por el doctor César Augusto Rojas.
En el comunicado 025002, Paniagua colocó una nota al director del CCR, Féliz Cruz Pichardo, explicando que la “autorización es válida para una sola salida”, tomando todas las medidas de seguridad de lugar e incluso suspensión del permiso en caso necesario.
Durante el conocimiento de la solicitud de cambio de régimen de cumplimiento de la condena a 20 años de prisión, fue el Procurador General Adjunto a la Corte de Apelación de ese departamento judicial, José Calasanz Morel, quien pidió a la jueza Aleyda Jiménez Acosta que otorgara la prisión domiciliaria a “Quirinito”, basado en el certificado médico del oncólogo Ángel Garabot Polanco.
Calasanz Morel pidió que por un período de seis meses, a Pedro Castillo se le impusiera prisión domiciliaria, a ser cumplida en el apartamento A-2, del residencial Bethy Marie, de la urbanización Paseo del Río, ubicado en los Pinos esquina Ferro Escondido, San Francisco, provincia Duarte, y que la revisión de la medida se hiciera en ese mismo período de tiempo.
Por la desaparición de “Quirinito”, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial han suspendido a dos jueces de Ejecución de la Pena, dos procuradores de corte de apelación de San Francisco, el médico legista adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que certificó su muerte y el encargado de la supervisión del Medio Libre del Nuevo Modelo.
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