CARACAS. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente sorprendió al país y a la comunidad internacional al adelantar las elecciones presidenciales en Venezuela antes de finales de abril, en las que podría participar el mandatario Nicolás Maduro, quien adelantó el martes que está dispuesto a buscar la reelección.
La decisión generó una reacción casi inmediata de un grupo de naciones de la región y de México, que anunció a través de su canciller Luis Videgaray el retiro de su país del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. México participaba como facilitador internacional de las negociaciones junto con Chile, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, San Vicente y las Granadinas, el presidente de República Dominicana Danilo Medina, y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Videgaray escribió en su cuenta de Twitter que la decisión del oficialismo venezolano es “incompatible” con el proceso que se viene adelantando desde septiembre pasado en República Dominicana.
“La fecha de la elección era una de las cosas más importantes que ahí se negociaban, y no se había llegado a un acuerdo al respecto”, indicó el canciller al reconocer que es “lamentable” el anuncio de la Constituyente porque “acaba con la seriedad del proceso de negociación”.
“Le pido al Poder Electoral que fije la fecha más cercana para salir de esto, ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución necesaria del 2018. Vamos a salir de esto de una buena vez”. Nicolas Maduro.
“Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles”, dijo el llamado Grupo de Lima, que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, al rechazar el anuncio de la Constituyente.
El grupo, que se reunió el martes en Santiago de Chile para discutir la crisis de Venezuela, exigió al gobierno venezolano que se convoquen elecciones con una “adecuada anticipación”, y con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales independientes, y planteó que una consulta que no cumpla estas condiciones “carecerán de legitimidad y credibilidad”.
La sorpresiva convocatoria elecciones en Venezuela generó preocupación entre opositores y analistas que consideraron el anuncio como una represalia a las sanciones que acordó la Unión Europea contra siete funcionarios y exfuncionarios, y una decisión que deja a la coalición opositora con muy poco tiempo para definir una estrategia que le permita ganar.
Los constituyentes decidieron por unanimidad y al grito “¡el pueblo unido jamás será vencido!” convocar a los comicios. Ahora la convocatoria tiene que ser ratificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que controla el oficialismo, y que deberá fijar la fecha precisa para la contienda.
Maduro afirmó horas después que si el partido oficialista y las organizaciones aliadas al gobierno aprueban su postulación, estará “a la orden de la candidatura presidencial”. El oficialismo espera definir su candidato el 4 de febrero durante un congreso de los partidos aliados al gobierno, precisó el mandatario.
Durante una concentración ante varios miles de seguidores en el centro de la capital, Maduro se mostró confiado del triunfo del oficialismo y dijo que estaba dispuesto a ir a la contienda con o sin la oposición.
Al defender el adelanto de la elección presidencial, el gobernante expresó que era una medida “necesaria” porque el “imperialismo y la derecha están enloquecidos”, y denunció que hay un supuesto complot para “dañar la economía y hacer sufrir al pueblo”, pero no ofreció pruebas.
El constituyente Diosdado Cabello dijo a la prensa que se decidió adelantar la convocatoria de la consulta porque si se hacía a final de año, como era costumbre, eso impediría “tomar algunas decisiones que hay que tomar para acompañar al pueblo en la guerra económica”.
“Si ellos ponen sanciones nosotros proponemos elecciones”, indicó Cabello, vicepresidente del partido oficialista, tras rechazar las sanciones que aprobó la víspera la Unión Europea contra él; el fiscal general, Tarek William Saab; el ministro de Interior, mayor general Néstor Reverol; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el excomandante de la Guardia Nacional, José Benavides; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, general Gustavo González.
La Unión Europea justificó las sanciones, que incluyen congelación de activos y prohibición de viajar a Europa, alegando que los siete funcionarios y exfuncionarios habrían incumplido los principios democráticos o el estado de derecho, y habrían incurrido en violaciones a los derechos humanos.
“Agárrense duro, porque vamos a responder en toda la línea diplomática”, dijo Maduro el martes al rechazar las sanciones, que consideró como una “decisión absolutamente grosera y desacertada”.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición que agrupa a una veintena de partidos opositores, aún no ha decidido si elegirá en elecciones primarias o por consenso a su candidato unitario.
“Estas van a ser las elecciones más desventajosas para cualquier oposición en nuestra historia democrática”, afirmó el consultor político Luis Salamanca al reconocer que bajo el escenario actual la oposición tiene pocas posibilidades de ganar porque hay la “mayor inseguridad jurídica” debido a que no se respetaron las normas ni se fijó la fecha con suficiente antelación.
Salamanca dijo a The Associated Press que la decisión de la Constituyente representa una “patada a la mesa de diálogo”, y planteó que la oposición debe retirarse del proceso de negociaciones en República Dominicana para concentrarse en la elección de su candidato unitario.
Maduro ratificó el martes que si se convocan para el 28 y 29 de enero las reuniones del proceso de diálogo el gobierno enviará sus delegados a la capital dominicana.
Por FABIOLA SANCHEZ, Associated Press
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