Santo Domingo. La Primera Sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo conoce este miércoles un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Manuel Rivas, exdirector de la Omsa, y quien está acusado y cumple un año de prisión preventiva por el asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez.
El abogado de Rivas, Carlos Salcedo, afirmó que en cuanto a la investigación especial que realizó la Cámara de Cuentas a la gestión del imputado como director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, éste desconocía las compañías que supuestamente estaban vinculadas al financiero Faustino Rosario Díaz.
Señaló que no hay corrupción ni elementos en la investigación que lleven a consecuencias penales.
“Pero luego dice la propia auditorias que eso fue autorizado por la Contraloría General de la República que verificó que todos los procedimientos establecidos en la ley y en el reglamento estaban cumplidos y que además estaban amparado en la resolución 15-08 , emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones. Dónde está la corrupción?, en primer lugar, en segundo lugar qué sanciones penales trae?. La corrupción es usted desviar dinero”, dijo.
El abogado insistió que la auditoria no tiene un solo elemento que diga que hay un solo dinero que entró al bolsillo de Manuel Rivas.
Mientras que los familiares de Yuniol Ramírez rechazaron esas declaraciones del abogado Salcedo.
“Carlos Salcedo va a tener que cambiar los lentes, porque está ciego y Rivas es un santo que bajó del cielo, pero bajó a robarse más de 5 mil millones de pesos en la Omsa, razones que lo motivaron a mandar a matar Yuniol Ramírez, junto con todos sus sicarios porque ellos tenían audiencia el 12 en el Tribunal Superior Administrativo y el día 11 lo mandan a matar y aparte de eso no mandaron abogados a defenderse, porque ya sabían que lo habían mandado a matar”, dijo el abogado Ramón Ramírez, hermano de la víctima.
La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas a la Omsa en la gestión de Manuel Rivas reveló irregularidades en la administración, que iban hasta contratar empresas sin contratos.
Por otro lado, la Segunda Sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo conoce un recurso de incompetencia territorial del caso.
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