Santo Domingo. Servidores públicos y sus familiares figuran entre los principales beneficiarios de las becas nacionales e internacionales otorgadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).
De acuerdo a lo revelado en el programa Nuria Investigación Periodística, entre los favorecidos están Elvis Antonio Duarte Torres, viceministro técnico del Ministerio de Deportes y yerno del titular del organismo que regula la educación superior del país, Franklin García Fermín, quien recibió una beca para cursar un programa de alto desarrollo en Barna Management School por un valor de 737 mil 365 pesos, así como dos hijos del viceministro administrativo del MESCYT, José Cancel, José Rafael Cancel Peña y José White Cancel Ortiz, becados para estudiar medicina en UNIBE por un monto de 1 millón 400 mil pesos y en Barna por 175 mil pesos, respectivamente.
El encargado de Becas Internacionales del MESCYT, Roger Thomas Mora Jiménez, también favoreció a su hijo, Roger Thomas Mora Ricardo, para que este se especializara en Seguridad y Defensa en la Universidad de Nebrija, España; y Rubén Darío Dumet Pimentel, hijo de la encargada de Relaciones Públicas del MESCYT, Xiomara Pimentel, obtuvo con beca en Cuba en entrenamiento en neurortopedia valorada en 11 mil 500 dólares.
En este privilegiado grupo también están empleados de otras instituciones, como la encargada de la División de Compras y Contrataciones en ProCompetencia, Yelissa Duval Félix, que recibió una maestría en administración en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) por 213 mil pesos.
De la institución Progresando con Solidaridad (ProSoli), fueron beneficiados Siria Georgelina Frías, directora de Coordinación Regional, con una maestría en liderazgo global; Ronald Lebrón Peña, encargado de la Dirección de Tecnología, con un master en Tecnología y Gobierno; y la encargada de Compras y Contrataciones, Ana Cristina Alburquerque Núñez con una beca en España.
En la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), su coordinador de Gabinete, Eddy Osvaldo Arango Ciriaco, quien obtuvo un master online en España; y en el Ministerio de la Mujer, al técnico Anthony Rodríguez Vizcaíno, con un diplomado en cine en España por 33 mil euros.
Junto a ellos, Sebastián Eduardo Tejera Messina, hijo del miembro de la Junta Monetaria del Banco Central, Eduardo Tejera, con una maestría en análisis de Big Data en España por 34 mil euros; Marcos José Bisonó Kelner, sobrino del subdirector de Adunas, Johannes Kelner, con un master en mercados financieros, que le cuesta 41 mil euros al Estado dominicano; Yamell Alexandra Sánchez, hija del exsenador y miembro de la Fuerza del Pueblo, Euclides Sánchez, con una beca en imagenología; Esthefanie de Jesús Guichardo, familiar del exsenador Manuel de Jesús Guichardo; yla hija del director de Operaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, Luis Emilio Ferrand Zorrilla, y sobrina de la candidata a diputada en Europa del PRD, Annie Báez, Isabella Ferrand Báez, la cual estudiará Marketing Digital en la Universidad de Portsmouth en Reino Unido, por un valor de 48 mil 200 libras esterlinas.
De igual modo fueron beneficiados, el director administrativo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Madrid, Julio Ángel Cuello Guevara, con una maestría en liderazgo global en España; Aimee Libertad González Issa, hija de la técnica asesora de planificación del Banco Central, Libertad Altagracia Issa Weber, con una residencia en cirugía en Brasil valorada en 13 mil 765 dólares; Isabella Escotto Bournigal, hija del subdirector de la Lotería Nacional, Douglas Escoto, con una beca en la Universidad de Berkley, Estados Unidos; un hijo de la directora de Relaciones Internacionales de la Alcaldía del Distrito Nacional, Sory Galán, Erick Alexander Ventura Galán, obtuvo una especialidad en finanzas en la Escuela de Negocios EAE, en España; y una nieta de Ligia Amada Melo, extitular del MESCYT y actual miembro del Consejo de esa institución, Brenda Amada Cardona Cepeda, recibió una beca por un valor de 50 mil dólares.
Nuria Investigación Periodística también consultó con especialistas la denuncia realizada por la diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Priscila D Oleo, de que el ministro García Fermín devenga dos sueldos en la administración pública: uno como titular del MESCYT, puesto en el que fue designado el pasado 16 de agosto, mediante el decreto 324-20, con un salario de 300 mil pesos, así como una pensión de 263, 966 pesos de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Al respecto, el abogado Eduardo Ramos Elías planteó que la referida alta casa de estudios posee “una autonomía completa, especial, única y sui generis.
Entonces, es posible que una persona pueda trabajar en el Poder Ejecutivo, en este caso como ministro, y pueda recibir las prestaciones que le corresponden como derechos adquiridos por el derecho a la jubilación, por ser parte, en este caso, de la carrera docente en un régimen especial al que se cotizó tanto el beneficiario como la universidad y que tiene fondos especializados distintos a los fondos que establece la Ley 379-81”.
Se refiere a que aunque tanto el artículo 31 de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado como el artículo 11 de la Ley 379-81 del Régimen General de Pensión coinciden en que cuando un jubilado vuelva a desempeñar funciones remuneradas en la Administración Pública debe dejar de percibir la pensión durante el tiempo en que preste servicios, en el caso de la UASD es diferente.
La Ley 5778 del 26 de octubre de 1961 dotó de autonomía a la primera academia de estudios superiores del Nuevo Mundo para manejar su presupuesto, pese a que es una universidad estatal, motivo por el que tiene sus propios reglamentos, incluyendo uno de pensiones.
Se refiere a que aunque tanto el artículo 31 de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado como el artículo 11 de la Ley 379-81 del Régimen General de Pensión coinciden en que cuando un jubilado vuelva a desempeñar funciones remuneradas en la Administración Pública debe dejar de percibir la pensión durante el tiempo en que preste servicios, en el caso de la UASD es diferente.
La Ley 5778 del 26 de octubre de 1961 dotó de autonomía a la primera academia de estudios superiores del Nuevo Mundo para manejar su presupuesto, pese a que es una universidad estatal, motivo por el que tiene sus propios reglamentos, incluyendo uno de pensiones.
Por tanto, especialistas en derecho sostienen que los docentes pensionados pueden recibir un segundo salario y no se violaría la duplicidad de funciones.
La UASD no es la única institución que posee su propio régimen pensiones. El Banco de Reservas, el Banco Central de la República Dominicana, los maestros y los médicos también gozan de un reglamento de seguridad social privilegiado.
La UASD no es la única institución que posee su propio régimen pensiones. El Banco de Reservas, el Banco Central de la República Dominicana, los maestros y los médicos también gozan de un reglamento de seguridad social privilegiado.
En ese sentido, otros especialistas, como el abogado y politólogo, Gregorio Montero, plantean la necesidad de que esto cambie. “Lo correcto debe ser una unificación de los regímenes de pensiones, que fue claro uno de los objetivos o debería ser uno de los objetivos de la Ley 87-01”, proclamó.
Montero destacó que dicha unificación eficientizaría la calidad del gasto público. “Y además está el principio de igualdad. Yo pienso que la única diferencia posible para la pensión de los empleados públicos debe estar dada por los niveles salariales, no necesariamente por el tipo de institución en donde tú labores, porque al final de cuentas todas son instituciones públicas”, valoró.
Sin embargo, también entraría un componente ético porque algunos que gozan de pensiones y son designados nuevamente en el Estado deciden hacerlo de manera honorífica, como es el caso del exrector de la UASD, Roberto Santana, quien el pasado 10 de septiembre fue designado asesor en política de seguridad y sistema penitenciario, funciones que realiza sin cobrar sueldo por dicho cargo debido a la jubilación.
Montero destacó que dicha unificación eficientizaría la calidad del gasto público. “Y además está el principio de igualdad. Yo pienso que la única diferencia posible para la pensión de los empleados públicos debe estar dada por los niveles salariales, no necesariamente por el tipo de institución en donde tú labores, porque al final de cuentas todas son instituciones públicas”, valoró.
Sin embargo, también entraría un componente ético porque algunos que gozan de pensiones y son designados nuevamente en el Estado deciden hacerlo de manera honorífica, como es el caso del exrector de la UASD, Roberto Santana, quien el pasado 10 de septiembre fue designado asesor en política de seguridad y sistema penitenciario, funciones que realiza sin cobrar sueldo por dicho cargo debido a la jubilación.
Una situación similar ocurrió en el 2017 cuando Margarita Melenciano, miembro de la Cámara de Cuentas, hizo una consulta sobre si procedía la suspensión de su pensión de la universidad y le indicaron que podía continuar recibiéndola.
Cabe destacar que en el caso de García Fermín, omitió su pensión de la UASD en su declaración jurada de bienes. “Puede hacer una rectificativa”, opinó el abogado Eduardo Ramos Elías al ser cuestionado por Nuria Investigación Periodística sobre el tema.
En este documento, tampoco registró los datos de sus descendientes, como su hija Berly Pamela García Núñez, quien en la nómina de la UASD de julio de este año figura como abogada de la Biblioteca Pedro Mir con un sueldo bruto de 73 mil 218 pesos mientras, al mismo tiempo, gana 125 mil pesos como especialista de la Consultoría Jurídica del Instituto Técnico Profesional (INFOTEP), según indica la nómina de personal temporero de la institución de junio de 2021, lo que a juicio de especialistas es incorrecto.
Cabe destacar que en el caso de García Fermín, omitió su pensión de la UASD en su declaración jurada de bienes. “Puede hacer una rectificativa”, opinó el abogado Eduardo Ramos Elías al ser cuestionado por Nuria Investigación Periodística sobre el tema.
En este documento, tampoco registró los datos de sus descendientes, como su hija Berly Pamela García Núñez, quien en la nómina de la UASD de julio de este año figura como abogada de la Biblioteca Pedro Mir con un sueldo bruto de 73 mil 218 pesos mientras, al mismo tiempo, gana 125 mil pesos como especialista de la Consultoría Jurídica del Instituto Técnico Profesional (INFOTEP), según indica la nómina de personal temporero de la institución de junio de 2021, lo que a juicio de especialistas es incorrecto.
“La función pública sólo tolera el ejercicio de la función docente simultáneamente. No se pueden ocupar dos posiciones públicas de forma simultánea si las mismas son remuneradas”, explicó Ramos Elías.
Con relación a unos acuerdos de confidencialidad suscritos entre el ministro y los empleados y la posibilidad de que estos convenios vulneren los derechos fundamentales y sean incompatibles con la ética y la transparencia, pues califican como “información confidencial” los clientes, negocios de instituciones de educación superior del país, métodos, cuentas, transacciones, lista de precios, suplidores, contabilidad, finanzas, programas de computación y todo lo referente al contrato de trabajo como son los paquetes de beneficios, salarios, comisiones, entre otros datos que por ley deben ser de carácter público, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) respondió a la diputada Priscila De Oleo, en una comunicación del 28 de junio de este año, que “pudiera entrar en conflicto con la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información.
Con relación a unos acuerdos de confidencialidad suscritos entre el ministro y los empleados y la posibilidad de que estos convenios vulneren los derechos fundamentales y sean incompatibles con la ética y la transparencia, pues califican como “información confidencial” los clientes, negocios de instituciones de educación superior del país, métodos, cuentas, transacciones, lista de precios, suplidores, contabilidad, finanzas, programas de computación y todo lo referente al contrato de trabajo como son los paquetes de beneficios, salarios, comisiones, entre otros datos que por ley deben ser de carácter público, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) respondió a la diputada Priscila De Oleo, en una comunicación del 28 de junio de este año, que “pudiera entrar en conflicto con la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información.
En tal sentido, como órgano garante del libre acceso a esta información, esta DIGEIG les comunica que estará interviniendo de oficio a los fines de tutelar administrativamente y garantizar una nueva y precisa redacción para que se sujete estrictamente al principio de legalidad y respeto a los derechos fundamentales”.
Ramos Elías precisó que “la ley no establece un mandato de que se firme un contrato de confidencialidad, pero según la naturaleza de las funciones públicas, que es un empleado, esto puede exigirse y es compatible con la Ley de Función Pública y su normativa complementaria, siempre y cuando las limitaciones que establezca sean limitaciones razonables”.
Otra situación que se le ha presentado al ministro ocurrió en julio de este año, cuando unos 9 empleados de carrera de la institución de un total de 35 denunciaron que fueron degradados, reduciéndoles los salarios.
Ramos Elías precisó que “la ley no establece un mandato de que se firme un contrato de confidencialidad, pero según la naturaleza de las funciones públicas, que es un empleado, esto puede exigirse y es compatible con la Ley de Función Pública y su normativa complementaria, siempre y cuando las limitaciones que establezca sean limitaciones razonables”.
Otra situación que se le ha presentado al ministro ocurrió en julio de este año, cuando unos 9 empleados de carrera de la institución de un total de 35 denunciaron que fueron degradados, reduciéndoles los salarios.
“La media de la proporción de la reducción del salario ronda el 70 por ciento”, detalló Juan Rivera, abogado de 9 servidores públicos afectados por la medida que decidieron tomar acciones legales, muchos de los cuales pasaron de devengar un sueldo de 115 mil a 35 mil pesos.
Ramos Elías dijo, al respecto, que esta acción “está considerada una violación a la Constitución de la República y a la Ley de Función Pública”.
Mientras, el MESCYT ha registrado un aumento significativo de la nómina del personal contratado pues pasó de 57 empleados y 3 millones 324 mil 300 pesos en julio de 2020 a más de 129 empleados aumentando la nómina a unos 9 millones de pesos.
No es la primera vez que Franklin García Fermín es cuestionado por su gestión al frente de una institución. Nuria Investigación Periodística recordó un reportaje presentado el 3 de octubre de 2009, cuando el actual ministro se desempeñaba como rector de la UASD y un grupo de estudiantes inició una vigilia en reclamo de los servicios estudiantiles.
“El señor rector lo que ha usado la comida para llevarlo a barrios marginados. Está bien, que lo lleve, pero primero debe dar un servicio y no usarla como él quiere, para política partidaria”, afirmó el entonces candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Luis Miguel Guzmán.
De igual modo, la Alianza Dominicana contra la Corrupción denunció que la alta casa de estudios incrementó su nómina en 41 millones de pesos al mes, pues en febrero de 2008 era de 178 millones 936 mil pesos y en septiembre de 2009 ya había subido a 220 millones 792 mil pesos. El organismo preparó todo un expediente que incluyó nepotismo, compras grado a grado y a empresas inexistentes, así como mal manejo de fondos públicos.
“La universidad ha comprado un sinnúmero de vehículos nuevos para sus ejecutivos y esto de una forma u otra también viola la Ley 340-06 de Compras y contrataciones porque lo han hecho sin licitación, grado a grado”, precisó Julio César de la Rosa, presidente de ADOCCO.
FUENTE: N DIGITAL
Ramos Elías dijo, al respecto, que esta acción “está considerada una violación a la Constitución de la República y a la Ley de Función Pública”.
Mientras, el MESCYT ha registrado un aumento significativo de la nómina del personal contratado pues pasó de 57 empleados y 3 millones 324 mil 300 pesos en julio de 2020 a más de 129 empleados aumentando la nómina a unos 9 millones de pesos.
No es la primera vez que Franklin García Fermín es cuestionado por su gestión al frente de una institución. Nuria Investigación Periodística recordó un reportaje presentado el 3 de octubre de 2009, cuando el actual ministro se desempeñaba como rector de la UASD y un grupo de estudiantes inició una vigilia en reclamo de los servicios estudiantiles.
“El señor rector lo que ha usado la comida para llevarlo a barrios marginados. Está bien, que lo lleve, pero primero debe dar un servicio y no usarla como él quiere, para política partidaria”, afirmó el entonces candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Luis Miguel Guzmán.
De igual modo, la Alianza Dominicana contra la Corrupción denunció que la alta casa de estudios incrementó su nómina en 41 millones de pesos al mes, pues en febrero de 2008 era de 178 millones 936 mil pesos y en septiembre de 2009 ya había subido a 220 millones 792 mil pesos. El organismo preparó todo un expediente que incluyó nepotismo, compras grado a grado y a empresas inexistentes, así como mal manejo de fondos públicos.
“La universidad ha comprado un sinnúmero de vehículos nuevos para sus ejecutivos y esto de una forma u otra también viola la Ley 340-06 de Compras y contrataciones porque lo han hecho sin licitación, grado a grado”, precisó Julio César de la Rosa, presidente de ADOCCO.
FUENTE: N DIGITAL
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