Diputados oficialistas embarran el congreso con narcotráfico y lavado

Fuente: listindiario.com 

Santo Domingo. El escándalo desatado por el caso de la Operación Falcón tras­pasará la jurisdicción or­dinaria cuando el Minis­terio Público solicite hoy, lunes, a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez instructor es­pecial para que investigue los nexos de legisladores con el caso de narcotráfi­co y lavado de activos que ha estremecido a la socie­dad dominicana.

La solicitud de la desig­nación de un juez de ins­trucción especial será soli­citada por la directora de Persecución, Yeni Bereni­ce Reynoso, para el con­trol de las investigacio­nes de los legisladores, entre los que figuran los diputados Héctor Darío Feliz y Nelson Marmole­jos Gil.

Berenice Reynoso in­formó que la solicitud se hará en virtud de la ju­risdicción privilegiada de que gozan los congresis­tas, y esto no impida que sean judicializados, y tan pronto ocurra se dará a conocer a la sociedad el nombres de los legislado­res involucrados.

El nombre de Marmo­lejos Gil está incluido en el expediente de la Ope­ración Falcón sobre nar­cotráfico y lavado de ac­tivos, después que el Ministerio Público afir­mara que éste obtuvo el financiamiento comple­to de su campaña con el dinero del cabecilla de la estructura de crimen or­ganizado que operaba en Santiago y otras zonas del país.

El nombre del diputa­do Darío Feliz es por ha­ber transportado a una de las personas que serán ex­traditadas a Estados Uni­dos, vinculados a la Ope­ración Falcón, y que tenía la presunta intención “de sustraer al extraditable de la investigación”, según el los fiscales del caso.

Con este, ya suman dos los jueces de la Suprema Corte de Justicia que de­berán tener el control de las investigaciones en con­tra de legisladores, por la­vado de activos, productos del narcotráfico. El prime­ro fue el de la diputada Ro­sa Amalia Pilarte López, por su vinculación a una presunta red que encabe­za su esposo, Miguel Artu­ro López Florencio (Micky López).

Berenice Reynoso sostu­vo que tienen un expedien­te sólido y blindado, con miles de páginas con la que obtendrán medida de coer­ción en contra de los encar­tados.

Aseguró que hay prue­bas suficientes que de­muestran la implicación de los imputados en la red in­ternacional de narcotráfico y lavado de activos.

“En este proceso, y han sido los lineamientos que sigue el Ministerio Públi­co, bajo la instrucción de la magistrada Miriam Ger­mán, todo aquel que ten­ga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser judicializado y procesa­do”, resaltó la procuradora adjunta.

Medida de coerción aplazada

La jueza del juzgado de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges, apla­zó para el próximo viernes, a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de la soli­citud de prisión preventiva de 18 meses presentada en contra de los 21 implica­dos de la red criminal.

Desde el 2017

La organización cri­minal que integraban los extradilables, los imputa­dos en la investigación, y otros en ese proceso, tra­ficaron unos 2,500 kilos de cocaína semanales desde el 2012, pero sus opera­ciones las tienen registra­das los entes de inteligen­cia desde años anteriores y hay evidencias de que au­mentaron a partir del año 2017.

Entre República Do­minicana y Puerto Ri­co le fueorn decomisados aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de im­punidad bajo el que des­empeñaban sus operacio­nes delictivas.

Finjus está preocupada

De su lado, el vicepresi­dente de la Fundación Institucionalidad y Justi­cia (FINJUS), Servio Tulio Castaño Guzmán, consi­deró que la operación Fal­cón representa una nueva prueba para el sistema po­lítico democrático de la Re­pública Dominicana.

Entiende que el caso muestra las graves falen­cias del ordenamiento jurídico e institucional nacional e indica cuán profundas son las debi­lidades que persisten en el país.

“Porque en todos los sec­tores existe el convenci­miento de que la penetra­ción del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo perci­bido y que se quedan cortas las enjundiosas fórmulas de los organismos internacio­nales para calcular el daño que estos fenómenos produ­cen en nuestra economía y estructura social”, acotó el jurista.

A su juicio, la operación es “una muestra más de que el Estado, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de conse­cuencias...”

HABLA EL PRM

Comunicado.

El Partido Revoluciona­rio Moderno (PRM) res­paldó ayer, e la justicia independiente, así co­mo la lucha contra la co­rrupción y la impunidad de manera contunden­te, caiga quien caga”,

Tamboern, el PRM apo­yó “las acciones em­prendidas por el gobier­no del presidente Luis Abinader, para la conso­lidación de un Minis­terio Público indepen­diente”.

“Por décadas”, agrega, “nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del PRM ha sido romper con ese sistema”.