Santo Domingo. La representante de las micro empresas que fueron excluidas de los procesos para suplir almuerzo escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) afirmó ayer que Contrataciones Públicas y otras instituciones los han dejado solos en su lucha por la restituciones de sus derechos adquiridos.
“Somos 483 Mypimes que ganamos, que tenemos un derecho adquirido, a trabajar no a pedir, a trabajar y a dar trabajos y nosotros no hemos recibido apoyo ni respuesta de nadie: del defensor del pueblo”, expresó Gianna Rincón.
Rincón expresó que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha estado tarde en su respuesta, pese haber reconocido que el proceso de licitación y adjudicación fue irregular, y que en el Palacio Nacional le dijeron que “ese tajo los peledeístas se lo habían comido y que eso les toca a ellos (perremeístas) ahora”.
Corrupción en el proceso
La micro empresaria fue enfática en establecer que sí se dieron actos de corrupción en el proceso, señalando que a algunos compañeros les ofrecieron adjudicaciones a cargo del 50% de los beneficios, que hubo personas beneficiarias que no estaban registradas como proveedores del estado y otros que siquiera cumplían con el requisito de ser mypime, siendo esa convocatoria exclusiva para esa categoría de negocios.
Expresó que el actual director del Inabie, Víctor Castro, ha coordinado una mesa técnica de trabajo junto con los suplidores que se han quedado fuera del proceso de licitación y la decisión que se tomó fue: legalizar a las que entraron de manera irregular y a ellos dejarlos fuera.
“Hubo de todo. Efectivamente, hubo personas que montaron cocina luego que lo adjudicaron... Nosotros estamos dentro de la lucha tratando de subsistir y los compañeros, han vendido equipos y son esas personas adjudicadas que ha tenido que salir a montar una cocina corriendo, los que nos están comprando esos equipos”, refirió al enfatizar que no se explica lo que está ocurriendo.
Quieren mezclar uniformes con almuerzo
Cuestionó el hecho de que el director de Contrataciones, Carlos Pimentel, dijera que habían indicios penales y que iban a pasar el caso a la Procuraduría pero englobándolo con el tema de los uniformes escolares almacenados por la pasada administración. “¿Entonces ahora salen los uniformes? ¿Ahora que hay indicio penal del desastre que hicieron el año pasado?”, preguntó.
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