SANTO DOMINGO.- El Instituto Duartiano reclamó a las autoridades que enfrenten con determinación y rectitud las acciones criminales relacionadas con la corrupción y el tráfico de inmigrantes haitianos.
Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, explicó que «este problema debe ser tratado como una prioridad nacional y abordado por las principales instancias oficiales, incluyendo la Dirección General de Migración, el Ministerio de Defensa y los servicios de inteligencia del país».
Pidió al ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, que «refuerce su compromiso de tolerancia cero contra quienes estén implicados en el tráfico de inmigrantes». «Esa fue una de las promesas clave al asumir su posición», afirmó.
PIDE MIGRACION ESCUCHE COMUNITARIOS
Asimismo, instó al director general de Migración, Rafael Lee Ballester, a que escuche a las comunidades fronterizas, testigos directos de los flujos migratorios y las actividades ilegales en esas zonas.
También señaló la responsabilidad del presidente Luis Abinader de «hacer cumplir el artículo 10 de la Constitución, que establece el desarrollo integral y la seguridad de la zona fronteriza como un interés supremo y permanente de la nación». «Esta disposición incluye medidas para garantizar la integración vial, social, económica y cultural de la frontera», subrayó.
En cuanto a la masiva presencia de parturientas haitianas en los hospitales dominicanos, sugirió la implementación de medidas económicas y la creación de políticas que reduzcan los incentivos que actualmente favorecen esta situación.
ESCUELAS LLENAS DE HAITIANOS
Asimismo, urgió al Ministerio de Educación a que a controlar la matrícula de estudiantes haitianos en las escuelas públicas, ya que en muchos casos, supera a la de los estudiantes dominicanos. «Esta situación afecta directamente el equilibrio y los recursos disponibles para la población nacional», declaró.
Reiteró la necesidad de una política estatal «seria y bien fundamentada» para abordar la masiva presencia haitiana en el país. «La situación requiere un tratamiento que considere tanto la gravedad del problema como el impacto en el futuro inmediato de la República Dominicana», advirtió.
Agregó que “es indispensable que las autoridades reflexionen serenamente sobre lo que ocurre y actúen pensando únicamente en el supremo interés de nuestra patria”.
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